Dictamen favorable para designaciones en el Ente Regulador de los Servicios Públicos

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –LCABA- informó que la Junta de Ética y la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios emitieron dictamen favorable para la designación de miembros - Bernarda Faith,  María Eugenia Michelotto, Gustavo Gutiérrez y Adrián Barrera - del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

buenosairesinforma.com reproduce texto difundido por la LCABA:

“La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña firmaron esta mañana el dictamen favorable a la propuesta realizada por la Junta de Ética de designación de miembros del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bernarda Faith, Maria Eugenia Michelotto, Gustavo Gutiérrez y Adrián Barrera son los candidatos.

Previo a la firma se realizó la Audiencia Pública correspondiente donde cada uno de los cuatro profesionales tuvo su lugar para expresarse y hacer un repaso de su carrera.

En la reunión efectuada esta mañana en el salón San Martín se firmó el dictamen conjunto de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control que encabeza el diputado Eduardo Santamarina (VJ) y de la Comisión de Defensa Consumidores y Usuarios que preside el diputado Hernán Arce (PS). Participaron también los legisladores Daniel Presti, Christian Bauab, Agustín Forchieri, Paola Michielotto, Ariel Álvarez Palma, Gastón Blanchetiere, Guillermo Suárez, Herán Reyes (VJ), María Rosa Muiños y Claudio Heredia (BP). Además, la Junta de Ética firmó el dictamen ratificando la idoneidad de los postulantes.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, por el artículo 138 de la Constitución, es un organismo de control instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal.

Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto”.