Encuentro sobre el uso de las armas menos letales en la represión de la protesta social

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -MPDCABA- participó en el encuentro “El uso de las armas menos letales en la represión de la protesta social” que se desarrolló recientemente en la Defensoría General de la Nación. Desde el MPDCABA señalaron que la titular del área contra la Violencia Institucional y de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad, Emelina Alonso, contextualizó sobre la ampliación del uso de armas no letales en la represión de la protesta social durante su exposición en la mesa “El rol de las instituciones públicas en la prevención, documentación e investigación de la Violencia Institucional”.

buenosairesinforma.com reproduce texto difundido por el MPDCABA:

"...se llevó a cabo el encuentro  “El uso de las armas menos letales en la represión de la protesta social”, en la sede de la Defensoría General de la Nación. El evento fue coorganizado por la DGN, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Mapa de la Policía, y contó con el apoyo de Omega Research Foundation.

El MPD participó de la mesa “El rol de las instituciones públicas en la prevención, documentación e investigación de la Violencia Institucional”, donde la responsable del área contra la Violencia Institucional y de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad, Emelina Alonso, contextualizó sobre la ampliación del uso de armas no letales en la represión de la protesta social (originada en la implementación del Protocolo Antipiquete de diciembre 2023) y el desafío de la adecuación institucional de los organismos de defensa de derechos humanos. Allí explicó que es fundamental  tener en cuenta que a partir de 2015, con el recrudecimiento de la represión de la protesta, dispositivos institucionales como la DAPPL, que originalmente no estaban diseñadas para este fin, comenzaron a desempeñar un rol en la identificación y asistencia de las personas detenidas por protestar.

Alonso subrayó además que los cambios institucionales  en la Ciudad — el traspaso de competencias federales a la Ciudad,  “la reconversión de la Policía Federal en Policía local” y las condiciones de detención en comisarías y alcaldías— exigieron y exigen modificaciones en la intervención de los organismos estatales dedicados a la protección de derechos porque  “la tarea es que nuestros operadores pongan en funcionamiento las herramientas que el derecho internacional nos brinda”.

Se refirió también a los informes sobre violencia institucional y condiciones de detención elaborados por el MPD, que dan cuenta que durante 2024, “con el seguimiento de 9000 detenciones en flagrancia se registraron la mayor cantidad de hechos de violencia institucional en la Ciudad. Un total de 2500 casos”.

Finalmente, señaló que es clave registrar y denunciar el uso ilegal de las armas taser que derivan en hechos de violencia institucional y  no solo en marco de las protestas sociales. En especial, se refirió a  operativos policiales que involucran personas con problemas de salud mental.

En el panel  disertaron  también  el coordinador del Programa contra la Violencia Institucional (DGN), el responsable de la Defensoría Pública de Víctimas (DGN), representantes del CELS, de PROCUVIN, del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la CABA, del Comité de Nacional para la Prevención de la Tortura y de la Comisión Provincial de la Memoria. 

La presencia del MPD en estos espacios reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos fundamentales y necesidad de articulación interorganizacional para promover el acceso a la justicia igualitaria".