El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó un informe sobre personas en situación de calle

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -MPDCABA - presentó un informe sobre personas en situación de calle en el marco de un acto que se desarrolló en el Salón San Martín de la Legislatura porteña. Desde el MPDCABA señalaron que en el mencionado informe se afirma, entre otros puntos, que en el último año la población que vive en la calle ha aumentado un 23,22%  - si se toma como fuente el número que brinda el GCBA, muy inferior al  informado por el ReNaCALLE, relevamiento realizado por organizaciones sociales -y un 152% entre 2017 y 2024. 
buenosairesinforma.com reproduce texto difundido sobre el MPDCABA:
"...en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, se presentó el informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”. El documento fue elaborado en conjunto por el MPD, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

En abril de este año, las tres instituciones acordaron una mesa de trabajo para abordar la problemática del derecho al hábitat digno en la Ciudad, de la que surgió este documento, que “busca aportar datos, estándares de derechos, análisis y propuestas para abordar la problemática de las personas en situación de calle”.

En la mesa de presentación estuvieron presentes la Defensora General de la CABA, Marcela Millán; la Coordinadora del Programa Derecho a la Ciudad de ACIJ, Catalina Marino; el Coordinador del equipo Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, Leandro Vera Belli; y la Legisladora, Berenice Iañez. El responsable de la Dirección de Orientación al Habitante, Agustín Territoriale, actuó como moderador del debate de cierre.

Durante su exposición, Millán explicó que, tal como consta en el documento, “el GCBA tiene una política contradictoria para tratar la cuestión de las Personas en Situación de Calle (PSC). Por un lado, el aumento presupuestario para políticas de atención a la situación de emergencia de esta problemática y la ampliación de los servicios que brinda  —cuya contracara es el vaciamiento del IVC y su función institucional—. Por otro, la criminalización y persecución del trabajo informal y de las PSC que sufren violencia institucional  y la judicialización de la situación de vulnerabilidad extrema, contribuyendo al colapso de las comisarías y alcaidías”. 

Además, destacó que el informe es una herramienta para hacer diagnósticos y para “pensar modelos de política pública, basada en buenas experiencias internacionales y en el trabajo que hacen las organizaciones sociales, no solo desde el enfoque de la emergencia sino como políticas integrales que permitan también la prevención”.

Finalmente, hizo referencia a la comunicación que Relatores especiales de Naciones Unidas hicieron al gobierno argentino, donde expresaron su preocupación “por las medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad contra las PSC e integrantes de la economía informal. “Esto demuestran que la preocupación por esta problemática excede las fronteras nacionales”, concluyó. 

Tras las exposiciones, se abrió el debate con el público presente y se plantearon distintas aristas de la problemática de las PSC o en riesgo de estarlo, entre ellas, la cuestión de género y diversidad sexual, la necesidad de que se respeten los derechos de las personas en el momento de la detención y la privación de su libertad, la ausencia de implementación de  políticas de vivienda por parte del GCBA y el protocolo para atender cuestiones de salud mental que habilita a las fuerzas de seguridad a actuar con discrecionalidad.

El informe afirma, entre otros puntos, que en el último año la población que vive en la calle ha aumentado un 23,22% (si se toma como fuente el número que brinda el GCBA, muy inferior al  informado por el ReNaCALLE, relevamiento realizado por organizaciones sociales) y un 152% entre 2017 y 2024. En este sentido, en el documento se analiza críticamente cómo “la estrategia de la nueva gestión del GCBA tiene un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “Orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aun así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”.

Frente a este panorama, desde las instituciones se proponen diversas líneas de acción destinadas a “abordar la situación de calle debe darse desde enfoques no punitivos, respondiendo adecuadamente a las emergencias y abriendo alternativas de solución habitacional definitiva, tal como fue consagrado en la normativa local, nacional e internacional”. 

Asistieron al encuentro defensoras, defensores, funcionarias y funcionarios del MPD, juezas y jueces de la CABA; legisladoras y legisladores porteños y representantes de distintas organizaciones sociales".